Article publicat en el diari EL PAÍS el dimecres 20 d'abril de 2016
Hoy hace un año de la muerte del profesor Abel Martinez del IES Joan Fuster de Barcelona. Murió asesinado por un estudiante de 13 años que sufrió un brote psicótico y le apuñaló. Aprovecho para mostrar mi profunda solidaridad a toda la comunidad educativa del instituto, y muy en particular a la familia de Abel. Esta triste conmemoración también nos puede servir para reflexionar sobre el trato que recibimos maestros y profesores de la Administración educativa de la Generalitat de Catalunya, hoy regentada por una consejera formada en los ámbitos opusdeístas, tan bien concertados por el gobierno catalán.
Transcurrido un año desde el luctuoso suceso, ¿han mejorado los protocolos de atención a los estudiantes con problemas de salud? No, no ha cambiado nada. El Gobierno de la Generalitat proclama que su programa Salut i Escola es suficiente para atajar el aumento de las consultas relacionadas con la salud de los adolescentes escolares. La Associació Catalana d'Infermería i Salut Escolar (ACISE) denunciaba la insuficiencia de un programa que consta de un solo profesional de enfermería durante una o dos horas a la semana en cada instituto (y no en todos). La misma asociación recomendaba que hubiera una persona de enfermería, como mínimo, por cada 750 alumnos durante todo el horario escolar.
En realidad, los recortes han sido drásticos en los Equipos de Atención Pedagógica, en los psicopedagogos, en las Unidades de Apoyo a la Educación Especial. Se han reducido aún más los tiempos del profesorado para la atención tutorial de alumnos y familias, sobrecargando el horario lectivo. En estas condiciones de recorte es muy difícil detectar las conductas de riesgo de los estudiantes.
Al año de la muerte del profesor Abel Martínez, nada ha cambiado en cuanto a los recursos para detectar problemas de salud mental en los institutos. Y han continuado los recortes
Ahora, el Gobierno central y el de la Generalitat proponen que el profesorado detecte también las conductas de riesgo relacionadas con el terrorismo yihadista. Pretenden que los docentes contribuyan a estigmatizar a un grupo de estudiantes por su religión y que su estancia en el centro escolar sea controlada para detectar algún cambio en su conducta, que pueda darnos pistas sobre su presunta futura vinculación al yihadismo. ¿Se imaginan la cantidad de cambios que generan los estudiantes durante su adolescencia? Una actitud irascible, una mala respuesta a la profesora, el uso intensivo de Internet, dejarse crecer la barba, ¿serían conductas susceptibles de avisar a la policía? Esa abusiva utilización del profesorado y de la escuela por parte de las administraciones demuestra una falta de confianza en la educación y la formación como instrumentos de superación de muchos de los problemas que padece la sociedad. Claro que los docentes debemos y queremos participar en educar a los adolescentes para que sean ciudadanos de pleno derecho, con capacidad crítica y capaces de valerse por sí mismos. Pero esto solo se consigue con recursos económicos y humanos, con más horas para la acción tutorial que nos permita interactuar con las familias y con el barrio, plantillas con profesionales de la salud, de la psicopedagogía, con ratios de alumnos más bajas o sustituyendo desde el primer día al profesorado de baja.
Y con respeto. Es irrespetuoso exigir al profesorado un certificado de penales que demuestre que no nos han sancionado o penado por actividades relacionadas con la pederastia para ejercer la actividad docente, por más que lo prescriba la Ley de Menores. Es absurdo que nos impongan nuevas leyes educativas cada vez que hay un cambio de gobierno y generen el caos y la desazón en la comunidad educativa ante la falta de decisión e información sobre cómo organizar el próximo curso escolar. También es indecente querer evaluar si somos buenos o malos profesionales a partir de las notas de los estudiantes del centro educativo, que es una foto fija fácilmente manipulable. Si quieren evaluarnos, y nosotros queremos, antes hace falta, como afirma el sociólogo Jaume Funes "describir qué queremos exactamente del profesorado y valorar la totalidad de influencias que produce sobre su alumnado".
Como conclusión, si el Gobierno catalán quiere mejorar la educación pública, que deje de recortar y vuelva a las inversiones en educación de los presupuestos del 2010, que representaban un 2,53% del PIB, mientras que los del 2014 apenas llegan al 1,99%, lo que significa aproximadamente 1.200 millones de euros menos. En cinco años se ha reducido en un 22% la inversión en el Departament d'Ensenyament. Así no se construye un país.
Joan Boada Masoliver és profesor de Història, exdirector de l'IES de Santa Coloma de Farners i exdiputat del Parlament de Catalunya.
